Comentarios Texto refundido Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial Art. 2

  • Posted on: 13 March 2021
  • By: tuteorica
Texto refundido Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial
Texto refundido Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial 

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

 

Artículo 2: Ámbito de aplicación (905

 

Análisis realizado por Amando Baños Rodríguez  con la colaboración de Jordi Morales Dumanjó  traficoytransportes.com

Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio nacional y obligan a los titulares (906) y usuarios (907) de las vías (908) y terrenos públicos aptos para la circulación (909), tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos (910) que, sin tener (911) tal aptitud, sean de uso común (912), y en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos (913) privados (914) que sean utilizados por una colectividad indeterminada (915) de usuarios (916)

917 (Prioridad de la ley) 

918 (Aparcamientos privados de uso público)

919 (Circulación y maniobras dentro del estacionamiento de un centro comercial)

920 (Vehículo estacionado fuera del horario de apertura en un centro comercial).

Consultar BOE

 

Texto cedido por Amando Baños, de traficoytransportes.com, maquetación e imágenes por Jose Luis Alvarez de tuteorica.com

 

905 Debía indicar que se aplica tanto a usuarios nacionales como extranjeros. Véase también el artículo 1.2 del Reglamento General de Circulación, que amplía y desarrolla el ámbito de aplicación, aunque la redacción también es confusa, suscitando numerosas dudas. El criterio prevalente para considerar que una vía está afectada por el TRLTSV, no depende de quién es el sujeto que tiene la titularidad, sino de su uso público. SUBIR
906 Los titulares de las vías públicas son el Estado, las C.C.A.A., las Diputaciones Provinciales, los Cabildos insulares (Canarias) o los Municipios mientras que los de las vías privadas son sus propietarios. La “obligación” a los titulares no sea aplica en muchos casos. Hay muchas carreteras que no cumplen lo previsto en la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras, ni en las existentes anteriormente. En la Norma vigente una carretera convencional como mínimo, en el caso de las más modestas y con carácter excepcional, tienen que tener una anchura por carril de 3 m, un arcén a cada lado de 0,5 m y una berma, también a cada lado de 0,5 m SUBIR
907 7El legislador se olvidó de incluir a los titulares de los vehículos ya que esta Ley también se aplica a ellos como vemos en el artículo 11 de la Ley. El art. 1.2a) del RGCir opta por incluir no solo a los usuarios, disponiendo: “Asimismo, son aplicables a todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin estar comprendidas en el inciso anterior, resulten afectadas por dichos preceptos”. SUBIR
908 Sorprende que no figure en el Anexo I la definición de “vía”, que aparece 178 veces en el texto de la Ley, 119 en singular y 59 en plural, además de aparecer formando parte de otras palabras como es el caso de “Autovía”. SUBIR
909

Tendría que haber diferenciado lo que es circulación de vehículos y lo que es circulación de personas. Esto quiere decir que si una vía pública no es apta para la circulación no se aplica la ley, es decir, si una vía pública se cierra al tráfico de vehículos y personas por obras deja de aplicarse la Ley de Tráfico y debiera aclararse esta circunstancia. Sin embargo, si se cierra a causa de una procesión o manifestación seguiría rigiendo la Ley en lo que se refiere, al menos, a la circulación de personas ya que éstas están circulando por la vía y además muchas veces de forma autorizada, por lo que no se puede decir que “no es apta para la circulación”

También debiera indicar que existen vías públicas con limitaciones de circulación como sucede con las vías pecuarias que están pensadas para la circulación de ganado, pero por las que pueden circular ciertos vehículos bajo determinadas condiciones contempladas en la legislación autonómica sobre la materia, tal como indica el art. 16 de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias. Recordemos que el art. 149.1.23 CE sólo contempla la exclusiva competencia del Estado en la legislación básica sobre Vías Pecuarias.

En los caminos de tierra por los que circula una colectividad indeterminada de usuarios también se aplica la Ley de Seguridad Vial. El periódico digital “El Español” informa el 03.06.2017, que un caballo desbocado mató a un hombre en la Romería del Rocío de Terrassa al atropellarlo con el carro del que tiraba y otra persona también resultó herida. Además de la infracción penal podría existir una infracción administrativa por no controlar al animal en todo momento.

Otro ejemplo de vías de tierra donde se aplica el TRLTSV es en la Isla Graciosa, la conocida como octava isla canaria, que carece de vías asfaltadas y donde viven 750 personas en dos localidades y donde, además de los vehículos particulares, algunos vehículos todoterreno pasean a los turistas. En esa isla, de acuerdo con el art. 48.1.f) RGCir, al no estar pavimentadas las vías, la velocidad máxima es de 30 km/h.

En las vías de tierra no sólo rige el TRLTSV y el Reglamento General de Circulación, sino que también pueden ser de aplicación otras leyes. En la sentencia 221/05 del Juzgado Contencioso Administrativo de Oviedo (Magistrado-Juez D. José Ramón Chaves García), se condenó por responsabilidad patrimonial a la Mancomunidad “Valles del Oso” por el deslizamiento por una ladera de una piedra grande que afectó a dos personas que caminaban por la “Senda del Oso”, que estaba gestionada por aquella Mancomunidad. En la sentencia se destaca que no concurría una causa de fuerza mayor y que la Administración está obligada a adoptar algunas medidas preventivas:

  • a) Prohibir el tránsito por las zonas de peligro real e inevitable.
  • b) Desviar el tránsito por otros pasos o zonas.
  • c) Alertar con señales o indicativos del peligro de desprendimientos.
  • d) Imponer en determinados tramos el uso de cascos o protección equivalente.
  • e) Acordar órdenes de ejecución de medidas de seguridad por parte del propietario de la finca al amparo de la legislación urbanística.
  • f) Establecer un servicio de inspección regular de las zonas lindantes con la senda, para detectar y alertar de los riesgos para los usuarios.

A veces también los senderistas no se dan cuenta de que los pastos de montaña no están completamente cercados o cerrados. Por ello deben ser prudentes ya que incluso animales domésticos como las vacas pueden sentir que sus crías son amenazadas y atacar a las personas, sobre todo a aquellas que salen a pasear con sus perros.

El diario digital alemán https://www.br.de señala en su edición del 12.l03.2019 que Austria planea un código de conducta para senderistas. En caso de que no lo respeten, las indemnizaciones por reclamaciones por daños ocasionados por animales no se pagarán o se verán sustancialmente disminuidas. Esta iniciativa se debe a la repercusión que tuvo el fallecimiento, ocasionado por el ataque de una vaca, en 2014, de una turista alemana que hacía senderismo en Austria con su perro. La iniciativa, más que para proteger a los excursionistas, está destinada a proteger a los animales del estrés que éstos les ocasionan.

También en los Países Bajos, los agricultores están molestos por los numerosos turistas que van paseando o descienden de los vehículos para sacarse selfies dentro de los campos de tulipanes ocasionado daños a las plantaciones.

En España, existen recorridos característicos, incluso parcialmente sin asfaltar, por donde circula una colectividad indeterminada de usuarios, especialmente peatones, como sucede en el “Camino de Santiago”, que debería denominarse “Caminos de Santiago” porque no cuenta con un único itinerario y que dispone de una señalización propia y exclusiva y también circula mucha gente por caminos de tierra durante la “Romería del Rocío", entre los que se incluyen muchos jinetes y conductores de carros en los que viajan personas y que atraviesa zonas de especial protección ambiental como es el caso de Doñana. SUBIR

910 En este art. vemos que el TRLTSV prima, respecto de las vías, su utilización antes que la titularidad de las mismas. SUBIR
911 Desde un punto de vista físico es dudoso que pueda haber “vías y terrenos” que no sean aptos para la circulación y que se pueda aplicar el TRLTSV, ya que si por sus condiciones físicas no se puede circular por ellos no hay manera de que se pueda aplicar la Ley. No se puede alegar que sólo quads, todoterrenos o motos de trial pueden circular ya que entonces si sería apta para la circulación, aunque estuviese limitada a determinados vehículos y por ello no se deberían considerar “no aptos para la circulación” sino como “vías de circulación limitada o restringida a determinado tipo de vehículos”. SUBIR
912 En Alemania existe en muchos aparcamientos comerciales, hospitales, hoteles, etc., una señal de estacionamiento que consiste en una “P” grande de color blanco sobre fondo azul y debajo de la letra el texto “Aquí se aplica el Reglamento General de Circulación (StVO)” y sería muy conveniente que el RGCir español también incluyese esa señal. Si estuviese colocado en un aparcamiento exclusivo para empleados de una empresa no tendría validez legal. SUBIR
913 Debemos tener en cuenta que en terrenos privados también pueden existir limitaciones que afecten a los conductores. Así las entidades que organizan por ejemplo ralis, aunque sea en circuitos cerrados, pueden exigir a los conductores que estén en posesión de un permiso de conducción vigente y eso implica que los participantes no pueden estar privados del derecho a conducir, tener declarada la pérdida de vigencia o el permiso caducado. SUBIR
914

Este apartado es desarrollado en el art. 1.4) RGCir, donde señala que: “En defecto de otras normas, los titulares de vías o terrenos privados no abiertos al uso público, situados en urbanizaciones, hoteles, clubes y otros lugares de recreo, podrán regular, dentro de sus respectivas vías o recintos, la circulación exclusiva de los propios titulares o sus clientes cuando constituyan una colectividad indeterminada de personas, siempre que lo hagan de manera que no desvirtúen las normas de este reglamento, ni induzcan a confusión con ellas”.

Esto supone que esos titulares pueden publicar lo que vendría a ser una especie de “ordenanza privada” para regular la circulación en esas vías o dentro de esos recintos y al igual que las ordenanzas municipales no pueden “oponerse, alterar, desvirtuar o inducir a confusión con los preceptos de este reglamento (art. 93.2RGCir)”. Debiera indicar que si no está regulada la circulación mediante una “ordenanza privada” se aplica el Reglamento General de Circulación.

El estacionamiento de los supermercados, hipermercados y centros comerciales

En los recintos estrictamente privados, utilizados por una colectividad determinada de usuarios no tendría aplicación la legislación de tráfico, aunque nada impediría, por ejemplo, a la comunidad de vecinos de uno de esos recintos publicar sus propias normas. Por ello sería interesante que dijese que en un terreno privado en ausencia de regulación específica se aplicará subsidiariamente la normativa de tráfico. Si en una urbanización privada un vehículo sale de un garaje y colisiona con un vehículo que va por la vía está claro que hay que aplicar alguna norma y no tiene sentido que en ausencia de una regulación de la propia comunidad no se contemple la obligatoriedad de aplicar la más específica, que es la de tráfico.

Para conducir, por ejemplo, un tractor que circula sólo dentro de fincas agrícolas, no es necesario ningún tipo de permiso o licencia, y a la vista de la gravedad de los accidentes en que se ven implicados sus conductores, convendría que se reglamentase su conducción, exigiendo una formación teórico-práctica mínima en la que se tendría que incluir la seguridad laboral, además de exigir que el tractor cuente con estructura de protección. No existen datos oficiales sobre los accidentes de tractor. La página “gloria.tv” informa el 04.02.2019 que anualmente se producen unos 80 fallecidos. La Voz de Galicia informa el 12.02.2019 que sólo en Galicia, desde el 2011 se contabilizan 125 fallecidos (56 en los últimos tres años) en siniestros de tractor en la comunidad. El vuelco en fincas o montes es el que más se repite, un 46 % de las veces. La otra causa de muerte se produce en carreteras, pistas o caminos, entre el domicilio y el lugar de trabajo, y casi siempre en salidas de vía provocadas por errores en la conducción o por deficiencias en vehículos demasiado viejos. Los vehículos más antiguos, sin arcos antivuelco ni cinturones de seguridad, aplastan al conductor y a los ocupantes, casi siempre de edad avanzada y con dificultades de movilidad, que no consiguen escapar de la muerte. El 08.08.2019 vuelve a informar que en solo 6 meses fallecieron 13 agricultores por este motivo en Galicia. Sin embargo, al ser la mayoría en fincas particulares, la DGT sólo contabilizó 2 de ellos.

Se da el caso de que, por motivos de fiestas, ferias etc., un particular habilita un campo de su propiedad como estacionamiento, cobrando normalmente una entrada; en este caso al ser utilizado por una colectividad indeterminada de usuarios, si se produjera una colisión entre vehículos o un atropello sería de aplicación este artículo. Dado que el titular del terreno debe contar además con autorización del ayuntamiento para ejercer aquella actividad, en caso de algún incidente o accidente podría actuar la Policía Municipal a requerimiento de dicho titular o de alguno de los usuarios. Esta es la interpretación que dio el 04 de abril de 2017, el Jefe de la Unidad de Ordenación Normativa ampliando el contenido de este precepto en un escrito dirigido a la JPT de Madrid ante las dudas planteadas por la policía local de Leganés.

Si es un lugar estrictamente privado, al no ser de aplicación el TRLTSV, si, por ejemplo, una persona ocupa una plaza de garaje ajena, se podría pensar en aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana por ocupación de inmueble ajeno (infracción leve según el art. 37.7 LOPSC), o en casos más graves, el delito de usurpación contemplado en el art. 245.2 CP (el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, …, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular) o incluso el art. 710 Ley de Enjuiciamiento Civil (conseguir que esta persona se abstenga de actuar en un sentido).

Sin embargo, un escrito de 30.01.2017 de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior indica que se trata, en todo caso, de una vulneración del derecho de propiedad por lo que no sería de aplicación la Ley Orgánica 4/2015 y por ello no podría aplicarse la medida cautelar de retirada del vehículo con una grúa debiendo sustanciarse el asunto por vía penal.

En algún caso, en opinión del magistrado Vicente Magro Servet ("Boletín Propiedad Horizontal", el 1 de noviembre de 2012), podría la propia comunidad solicitar los servicios de una empresa privada para que retirase el vehículo del garaje y lo dejase estacionado en la vía pública. Esta solución tendría que haber sido aprobada previamente por una junta de propietarios y ser conocida por todos ellos. Incluso en el acuerdo de la junta se podría establecer que los gastos derivados de la actuación de la grúa serían cargados en la deuda del comunero. Según el magistrado, lo que no puede llevarse a cabo es recabar los servicios de la grúa municipal, ni, aunque se adopte el acuerdo en junta, ya que la policía local no puede intervenir en cuestiones que pertenezcan al ámbito de las relaciones privadas en las comunidades de propietarios.

El periódico “La Voz de Galicia” en sus ediciones del 01 y el 11 de enero de 2019, relata la historia de dos vehículos abandonados en una plaza de garaje de un edificio coruñés. El propietario de ambos vehículos había dejado de pagar el alquiler de las plazas y los dejó allí estacionados. Los propietarios de las plazas presentaron una demanda de desahucio, pero los titulares no pudieron ser localizados y no recogieron la primera notificación. En el juicio posterior el juez dictó una sentencia en la que autorizaba a desahuciar al moroso de sus plazas de garaje, pero no indicó como debía ser el procedimiento. Sólo indicaba hora y día en que se podían retirar los vehículos. Los propietarios llamaron al juzgado y fueron informados de que éste no ponía nada, ni grúa, ni otros medios. Sólo iba acudir una comisión judicial para tomar nota del alzamiento. La policía municipal les informó de que ellos no se ocupan de ese tipo de cosas y menos aún de trasladarlos al depósito municipal porque es un asunto privado e informaron a los propietarios de la plaza de que si los sacaban con una grúa privada el propietario podría reclamarles lo que le sucediese a los vehículos por dejarlos en la calle sin seguro. También una empresa privada de grúas les informó que ellos no se ocupan de retirar en estas circunstancias vehículos de los garajes.

Una empresa especializada en el tema se puso en contacto con los dueños de las plazas y les informó que ellos sólo necesitaban la sentencia judicial y una autorización del propietario de la plaza para acceder al mismo y retirar el vehículo, comprometiéndose a firmar un documento, incluso notarialmente, y haciéndose cargo de todo lo que le pueda suceder después al automóvil.

Uno de los propietarios afectados estaba tratando de que el juzgado le otorgase la propiedad del vehículo y aunque inicialmente se planteaba ese derecho como una compensación por el tiempo de impago del alquiler, finalmente había optado por utilizar el procedimiento que se sigue con los objetos abandonados o perdidos. Su abogado planteaba utilizar el artículo 703.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que indica: “Si en el inmueble que haya de entregarse hubiere cosas que no sean objeto del título, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá al ejecutado para que las retire dentro del plazo que señale. Si no las retirare, se considerarán bienes abandonados a todos los efectos”. Basándose en este artículo el abogado cree que de esa forma el automóvil se convierte en “res derelictae” cosas que, habiendo tenido dueño, han sido voluntariamente abandonadas, lo que podría abrir la posibilidad de poder ocuparlas y poseerlas como dueño, con los derechos de disposición que ello otorga.

Lo curioso es que ambos vehículos estaban embargados y no se había podido ejecutar el embargo porque no habían podido ser localizados sus titulares.

Esta situación se da con más frecuencia en parkings públicos donde se encuentran con morosos que abandonan sus vehículos en las plazas durante mucho tiempo.

Si un propietario o inquilino hace caso omiso a una Sentencia del Juzgado que le prohíbe estacionar en una plaza de garaje perteneciente a otra persona, la comunidad de propietarios puede actuar contra esa persona por la vía penal por cuanto que estará incumpliendo una resolución judicial y cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad judicial, así mismo se le podrá imponer multas económicas durante todo el tiempo que no cese en su conducta de estacionar su vehículo donde no tiene autorización.

915

Hay que distinguir, en las vías y terrenos privados utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios, donde existe la posibilidad de aplicar la legislación sobre tráfico, y la obligación de ejercer la vigilancia de dichos espacios privados por los Agentes encargados de la vigilancia del tráfico. Es decir, en un lugar privado de uso público (un hospital, el garaje de un centro comercial, un parking público, una gasolinera, un lavadero de turismos), los agentes encargados de la vigilancia del tráfico podrán actuar sólo a requerimiento del titular del lugar o de los usuarios, o previa autorización escrita. Pueden formular denuncias, con algunas salvedades, y retirar los vehículos que obstaculicen la circulación, con la grúa, si se lo solicitan y disponen de ella. De oficio, la vigilancia pública en lugares privados no procede, salvo excepciones (por ejemplo, en el interior del recinto universitario, previa solicitud del Rector autorizando la entrada al recinto, la vigilancia y denuncia de infracciones). En caso de accidente en el interior de estos lugares privados de uso público, se aplica el TRLTSV y se pueden efectuar también detenciones por delitos contra la Seguridad Vial, etcétera. En definitiva, se actuará, como norma general, a requerimiento.

El problema radica en que ni el Ministerio del Interior ni el Alcalde son titulares de esas vías y por lo tanto carecen de competencia para sancionar. Debemos tener en cuenta que el artículo 7.a) del TRLTSV restringe la competencia de los alcaldes a las vías urbanas de su titularidad y aunque el artículo 84.4) de esa ley parece ampliar el ámbito de su competencia sancionadora al indicar “en las vías urbanas”, éstas según el Anexo I. 73) se refiere a las vías públicas situadas en poblado quedando excluidas las vías privadas con lo cual incluso una denuncia voluntaria de un agente de la policía local no podría ser tramitada por la alcaldía ya que ésta carecería de competencias sancionadoras.

Sin embargo, como se señaló anteriormente, el 04 de abril de 2017, el Jefe de la Unidad de Ordenación Normativa amplía su contenido en un escrito dirigido a la JPT de Madrid ante las dudas planteadas por la policía local de Leganés.

“La competencia municipal entendida territorialmente en materia sancionadora no debe circunscribirse dentro de poblado a un concepto meramente restrictivo, el cuál haría referencia a que sólo serían sancionados aquellos hechos punibles que se den en vías urbanas, entendida ésta, como toda vía pública situada dentro de poblado, excepto travesía. …

Por lo tanto, es criterio de esta Unidad, que aquellas denuncias formuladas por agentes de la policía local en relación con las infracciones cometidas en los aparcamientos de uso público, dentro de poblado, son perfectamente encuadrables dentro del artículo 2 de la Ley de Seguridad Vial y su tratamiento, y en su caso, imposición de las sanciones corresponde al Ayuntamiento donde se realice el hecho punible, de acuerdo con el artículo 7, apartado a) de la Ley de Seguridad Vial”.

Viene a confirmar que “en los lugares privados, abiertos al uso público, utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios, es plenamente legítima la intervención de agentes encargados de la vigilancia del tráfico”.

Dada la transcendencia de este escrito debió haberse previsto publicar una Instrucción de la DGT que contuviese este criterio de la Unidad de Ordenación Normativa. Recordemos que las Instrucciones de la DGT son obligatorias para la Policía Local.

La deficiente redacción del TRLTSV hace que no se pongan de acuerdo los órganos judiciales y las autoridades administrativas con competencias en materia de tráfico y por eso es urgente que se clarifiquen estas situaciones.

Otra opción es requerir los servicios de la Guardia Civil, por cuanto el art. 11.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le atribuye como competencias «velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales (…)». De este modo, si la Guardia Civil acredita la comisión de una infracción de la normativa de tráfico y realiza la correspondiente denuncia, ésta debe ser admitida por la autoridad competente en base a su condición de agentes de la autoridad, con la presunción de veracidad que ello supone. (Juan Antonio Carreras Espallardo en Carrís blog)”

Incluso podría requerirse la intervención de la policía local para realizar la denuncia como agentes de la autoridad, siempre que el parking privado se encontrase en el casco urbano; ya que el art. 53.1.b) de la Ley Orgánica 2/1986 les atribuye competencia para «ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación»; debiendo remitir, en estos casos, las denuncias al órgano competente para ejercer la potestad sancionadora. Pero no existe una definición en el TRLTSV de casco urbano y no se podría remitir a la alcaldía ya que el alcalde carece de competencias sancionadoras. Aunque en España no se puede colocar un cartel con el mensaje: “Aquí se aplica la Ley de Tráfico” en un recinto privado que utiliza una colectividad determinada de usuarios, en otros países como es el caso de Alemania se encuentran señales de tráfico en un poste indicando que en ese lugar se aplica el Reglamento General de Circulación de aquel país. SUBIR

916

Los usuarios, tal como señala el Art. 1.2 a) del Reglamento General de Circulación pueden ser los titulares, los propietarios, los conductores u ocupantes del vehículo o los peatones, tanto si circulan individualmente como en grupo. En el apartado b) del mismo artículo dice que las normas de tráfico son de aplicación a los vehículos y a los animales (realmente a sus conductores o dueños) incluidos los animales sueltos, es decir, por ejemplo, un perro y en el apartado c) a determinados tipos de vías y terrenos.

Al hablar de terrenos tenemos que pensar en los jardines públicos con césped en los que se encuentran familias, niños, jóvenes o mascotas y que son segados con tractores de jardín que carecen de matrícula, es decir sin estar matriculados como vehículos especiales. Si lo hiciesen mientras hay alguna persona cruzando por el césped o niños jugando, su actuación sería una infracción de acuerdo con el TRLTSV. En el Código de Circulación portugués califican a las vías privadas utilizadas por una colectividad indeterminada de usuarios como: “Vías equiparadas a vías públicas” y definiendo este término como “vías de comunicación terrestre del dominio privado abiertas al tránsito público”. Hay que destacar que el art. 1.3 del TRLTSV habla de “vías de utilización general”. SUBIR

917 Debiera de indicar que la ley tiene prioridad sobre cualquier otra norma que regule la materia, salvo los tratados internacionales. Es decir, se debiera sancionar por la Ley, tal como exige el art. 25.1) CE y en el boletín de denuncia debiera aparecer siempre el artículo del TRLTSV que se aplica y sólo en el caso de estar mejor calificado en un reglamento es cuando debiera figurar además el artículo de alguno de los reglamentos relacionado con la infracción. SUBIR
918 Están regulados por la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos (BOE núm. 274, de 15 de noviembre). En su artículo 1.d) se indica que el titular del estacionamiento debe facilitar por cualquier medio que posibilite su conocimiento antes de contratar y de manera fácilmente perceptible las normas de uso y funcionamiento del aparcamiento y en el artículo 4.d) señala que el usuario deberá seguir las normas e instrucciones del responsable del aparcamiento respecto al uso y seguridad del mismo, sus empleados y usuarios. SUBIR
919 En horario comercial las normas que rigen son las contenidas en el TRLTSV y en el RGCir, pero cuando el centro comercial cierra las puertas o baja las barreras del estacionamiento, a partir de ese momento, su uso es estrictamente privado ya que sólo puede ser utilizado por personas autorizadas e identificables y vigilantes, por lo que, al ser una colectividad determinada de personas, no se aplica la Ley de Seguridad Vial. Lo mismo sucede si en horario comercial, se acota una zona para uso exclusivo de sus empleados, ya que al ser utilizada por una colectividad determinada de personas no se aplicarían estas normas. SUBIR
920

En este caso no sería de aplicación el TRLTSV, pero se le podría denunciar por el artículo 37.7 de la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: “La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal”.

Incluso se podría retirar el vehículo con una grúa, de acuerdo con el art. 47 de la ley 4/2015: “Artículo 47. Medidas provisionales anteriores al procedimiento. 1. Los agentes de la autoridad intervendrán y aprehenderán cautelarmente los instrumentos utilizados para la comisión de la infracción, así como el dinero, los frutos o los productos directamente obtenidos, que se mantendrán en los depósitos establecidos al efecto o bajo la custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mientras se tramita el procedimiento sancionador o hasta que, en su caso, se resuelva la devolución o se decrete el comiso”. La autoridad sancionadora sería según el art. 32 de la 4/2015: “c) Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, para la sanción de las infracciones graves y leves”

 

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